CARTA ABIERTA – EL OBSERVATORIO

Sr. Juan Orlando Hernandez
Presidente de la República

Sr. Julián Pacheco
Ministro de Seguridad

Sr. Arturo Corrales
Canciller de la República de Honduras

Paris-Ginebra, 23 de abril de 2015

Re: El Observatorio insta a las autoridades hondureñas a tomar todas las medidas necesarias para proteger a todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, incluyendo una declaración pública de apoyo y reconocimiento al trabajo que realizan

Señor Presidente, Señor Ministro de Seguridad y Señor Canciller,

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, se dirige a Ustedes para solicitar la implementación inmediata de medidas efectivas de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, incluyendo una declaración pública de apoyo y reconocimiento al trabajo que realizan.

El Observatorio expresa su preocupación en relación con las recientes declaraciones públicas realizadas por su gobierno en las que se denuncia una “campaña de desprestigio” en su contra por parte de dirigentes políticos de la oposición y de las ONG, en materia de derechos humanos[1].

El Observatorio rechaza las alusiones hechas hacia los defensores y las defensoras en términos de “malos hondureños ” que quieren “denigrar al país”; o que realizan “una trama perversa y tendenciosa en donde se distorsiona la realidad”. Nos preocupa que estas afirmaciones puedan ser una represalia en contra de la actividad de varias ONG con miras a su participación en el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Honduras, que se realizará el 8 de mayo de 2015 en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La descalificación pública del trabajo de los defensores, además de estigmatizar su trabajo y vulnerar su libertad de expresión y su derecho a defender los derechos humanos, aumenta los ya de por sí altos niveles de vulnerabilidad que padecen las organizaciones de derechos humanos y pone en riesgo la vida y la integridad de los defensores y las defensoras, tal y como el Observatorio ha denunciado en el pasado[2].

Conforme a los compromisos internacionales adoptados por el Estado de Honduras en materia de protección de Derechos Humanos, un deber fundamental es el de velar por la protección de los defensores y defensoras, cuyo trabajo de denuncia y control social es primordial para el correcto funcionamiento de un Estado democrático y de derecho, tal y como lo reconoce la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

Es necesario igualmente que su gobierno tome en cuenta, lo dispuesto en la Resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 9 de octubre de 2013[3] en la que se reafirma el derecho de cada persona a comunicarse con las organizaciones internacionales, en particular con las Naciones Unidas y sus mecanismos especiales como el EPU, así como con los mecanismos regionales de derechos humanos. Este derecho es indispensable para el pleno desarrollo de los mandatos de dichos mecanismos. Del mismo modo, en la Resolución se solicita a los Estados “ que prevengan y se abstengan de todo acto de intimidación o represalia contra: (a) quienes traten de colaborar o hayan colaborado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos, o hayan prestado testimonio ante ellos o les hayan proporcionado información”[4].

Es por lo anterior que le solicitamos a su gobierno:

1. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos en Honduras;

2. Emitir una declaración pública en la que se exprese el apoyo y reconocimiento al trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos, conforme a lodispuesto en la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, en particular en lo referenteal:
– Artículo 1: ”Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
– Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional a reunirse o manifestarse pacíficamente”.
– Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”.

Confiando en su compromiso con los derechos humanos y agradeciendo Su atención a la presente, nos suscribimos de Usted muy respetuosamente.

Karim Lahidji
Presidente de la FIDH
Gerald Staberock
Secretario General de la OMCT

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