Resumen Ejecutivo

INSUMOS DE SOCIEDAD CIVIL PARA EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DE HONDURAS

El informe de la sociedad civil ha sido elaborado y presentado por la Plataforma Examen Periódico Universal Honduras integrada por las organizaciones en listadas abajo.

ANTECEDENTES

El Estado de Honduras compareció ante el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal el 4 de noviembre de 2010, en donde se le formularon 129 recomendaciones, las cuales aceptó en su totalidad.

Posteriormente, el 18 de marzo del 2013, Honduras presentó su “Informe de Medio Término” el cual no fue elaborado en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil.

La segunda revisión de Honduras se llevará a cabo el próximo 8 de mayo y se enfocará, como ha sido acordado, en la implementación de las recomendaciones aceptadas durante la primera revisión y el desarrollo de la situación de derechos humanos en el país.

A la fecha, el gobierno hondureño no ha presentado su informe final, el cual deberá de ser entregado a más tardar el 2 de febrero. “PRINCIPALES PREOCUPACIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS” Desde el primer Examen Periódico Universal en 2011, la situación de los derechos humanos (ddhh) en Honduras se ha agravado; la impunidad y la violencia gobiernan, controlan y amenazan a la sociedad.

  • Honduras continúa sufriendo de altos niveles de criminalidad e impunidad, la tasa de homicidios sigue siendo la más alta del mundo y la actuación de las instituciones responsables de brindar seguridad continúa siendo en gran medida ineficaz y ha estado asociada con numerosos señalamientos de corrupción y abusos, mientras que las iniciativas que procuran reformar tales instituciones no han logrado avances importantes.

I. ACCESO A LA JUSTICIA E IMPUNIDAD.

El aumento progresivo de los niveles de criminalidad e impunidad, y el involucramiento de miembros de la policía en asesinatos de impacto social provocaron que la sociedad exigiera una reorganización y depuración de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. No obstante, aun cuando se han creado nuevas instituciones con facultades de investigación el estado de inseguridad y el nivel de impunidad continúan siendo agobiantes.

RECOMENDACIÓN: Que se impulsen procesos reales y efectivos de supervisión y control disciplinario y penal de las instituciones del sector justicia, con el fin de reducir los niveles de impunidad existentes.

II. DEBILIDAD INSTITUCIONAL.

Se implementaron reformas institucionales que representan retrocesos en la protección de los DDHH de diferentes sectores: Las Secretarías de Justicia y DDHH, y de Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños pasaron a tener la calidad de Subsecretaría o Dirección, perdiendo autonomía e independencia en sus funciones y sufriendo recortes presupuestarios.

Lo mismo sucedió con el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) cuyo presupuesto para 2015 se redujo en un 70%. Se eliminó la línea telefónica de denuncia de violencia contra las mujeres en la Policía; se trasladó la Unidad de Delitos contra la Vida de la Mujer a la Fiscalía de Delitos contra la Vida y se redujo de 5 a 3 los fiscales asignados

1. RECOMENDACIÓN: Fortalecer la institucionalidad relacionada con la protección, defensa y promoción de los derechos humanos, sobre todo la relacionada con la población más vulnerable.
El proceso electoral de noviembre del 2013 se caracterizó por la ausencia de independencia y autonomía de los organismos electorales. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) funcionó de forma parcializada y controlada por los dos partidos políticos tradicionales.
2. RECOMENDACIÓN: Reformar la ley electoral para asegurar la representación equitativa de las fuerzas políticas en los organismos electorales y la inclusión efectiva de cuotas de participación política de los sectores tradicionalmente marginados.
III. LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Según los registros del Comité por la Libre Expresión, entre noviembre de 2010 a septiembre de 2014, 28 periodistas, comunicadores sociales y trabajadores (as) de la comunicación fueron asesinados; de ellos, solamente en 7 casos ha habido judicialización y en 4 sentencia definitiva. A su vez, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones aprobó un reglamento para radios comunitarias que limita su operación libre y les prohíbe debatir y criticar sobre los problemas de orden político. De 160 frecuencias nuevas que surgieron de la re-canalización del espectro radioeléctrico apenas 20 se asignaron a comunidades y organizaciones sociales.

RECOMENDACIÓN: Investigar y sancionar los asesinatos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión a través del periodismo y reformar la Ley marco del Sector de Telecomunicaciones con el fin de dar acceso igualitario al espectro radioeléctrico.

IV. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Se aprobó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional que:

(a) Clasifica la información en reservada, confidencial, secreta y ultra secreta;
(b) Conlleva sanciones por divulgar información clasificada;
(c) limita las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública; y
(d) Otorga facultades discrecionales a ciertos funcionarios para
declarar información en secretividad hasta por 20 años prorrogable.
Asimismo, las Municipalidades no cuentan con un Programa de Transparencia ni mecanismos de rendición de cuentas.

RECOMENDACIÓN: Derogar toda disposición legal o reglamentaria que impida un acceso libre, transparente y efectivo a la información pública, y garantizar que las municipalidades implementen programas de transparencia y rendición de cuentas.

V. DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS
Los pueblos originarios no han sido consultados sobre los proyectos hidroeléctricos y mineros que se están ejecutando o se pretenden ejecutar en sus territorios, y que representan un riesgo a su sobre-vivencia física y cultural. Su oposición les ha generado actos de criminalización y represión. A su vez, la Fiscalía de las Etnias solo atiende las denuncias en la ciudad de Tegucigalpa, con los consecuentes obstáculos y costos en el acceso a la justicia para los y las indígenas.

RECOMENDACIÓN: Aprobar una política nacional para la protección y promoción de los derechos de los pueblos originarios de conformidad con el Convenio 169, detener los desalojos y la persecución de sus liderazgos, e instalar oficinas de la Fiscalía de la Etnias en las ciudades cercanas a sus territorios.

VI. INDEPENDENCIA JUDICIAL.
El Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial está llevando a cabo un proceso de “depuración judicial” que atenta contra el debido proceso y el principio de legalidad, y en vez de implementar un mecanismo de ingreso a la carrera judicial transparente y en base a méritos, ha continuado con la práctica de nombramientos sin concurso y por recomendaciones políticas o de afinidad.

RECOMENDACIÓN: Impulsar procesos transparentes e imparciales de selección, nombramiento y ascenso de jueces y juezas con el fin de evitar las influencias político-partidarias, y establecer en la Ley todo el marco regulatorio de los procesos disciplinarios.
VII. MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
Se han adoptado medidas que contravienen la exigencia de que los asuntos de seguridad ciudadana sean de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados. La política de seguridad asumida tiene como consecuencia el fortalecimiento de las FFAA y la utilización arbitraria de los aparatos de inteligencia y persecución penal del Estado.

RECOMENDACIÓN: Cumplir con las recomendaciones de la CIDH y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el sentido de que las estrategias de seguridad deben potenciar la prevención y ser implementadas por organismos policiales civiles y no de las fuerzas militares.
VIII. SITUACIÓN PENITENCIARIA.
Las condiciones carcelarias continúan siendo graves debido particularmente al hacinamiento y falta de presupuesto para atender las necesidades básicas de la población privada de libertad. La capacidad de las 24 cárceles es de 8,120 cupos para una población de 11,727 reclusos, lo cual se agrava con la ampliación del catálogo de delitos para los cuales no se admite el otorgamiento de medidas
sustitutivas a la prisión.

RECOMENDACION: Implementar las recomendaciones establecidas en el capítulo IV del Informe de la CIDH sobre la Situación de las Personas Privadas de Libertad en Honduras de marzo de 2013 y derogar la reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal.

IX. DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.
Entre 2005 y 2013 hubo un aumento del 263.4% en el número de femicidios. Aunque este delito fue incluido en el Código Penal en febrero de 2014, hasta el momento el Ministerio Público presento únicamente 5 requerimientos fiscales y se logró 1 sentencia por este delito. Se calcula que la tasa de “impunidad es de 95% para estos casos y de violencia sexual. Por otro lado, en sólo 6 años, las denuncias de mujeres desaparecidas pasaron de 91 en 2008 a 347 en 2013, lo que significa un incremento de 281%5
.
RECOMENDACIÓN: Tomar medidas efectivas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y discriminación, investigar y sancionar a los responsables de todo tipo de violencia contra niñas y mujeres, y aprobar sin reservas el protocolo facultativo de la CEDAW. La anti-concepción de emergencia (PAE) continúa siendo prohibida y el proyecto de ley para legalizar su uso se encuentra engavetado en el Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo también se niega a autorizar su uso pese a que tiene facultades para hacerlo.
RECOMENDACIÓN: Permitir la libre distribución y venta de las PAE e incluir el tema de la educación sexual en los programas de todos los centros educativos del país.
X. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, POBREZA Y DESEMPLEO.
La implementación de medidas y reformas legales como el empleo por horas, el programa “Chamba ahora” y la ZEDES representan un deterioro de los derechos laborales de la población. En este sentido, entre 2010 y 2012 el subempleo invisible creció de 32.6% a 43.6%, y el subempleo visible creció de 7.7% en 2010 y a 10.5% en 2012. Las personas trabajadoras en la industria de la maquila devengan un salario mínimo 28% (urbano) y 51% (rural) menos que el resto de la población.

En las plantaciones de melón y camarón, las obreras son expuestas a largas e intensas jornadas de trabajo, enfrentan situaciones de acoso sexual al ser trasladas en camiones junto a los hombres en horas de la madrugada y no se les proporciona equipo de protección apropiado para el uso de plaguicidas y químicos. Un sector altamente precarizado e invisibilizado es el de las trabajadoras domésticas, según Casa Alianza, 20 mil niñas son sometidas a abusos y explotación laboral doméstica.
CEDIJ, en relación a la resolución 2014, el juicio inicio con el expediente 1041-2013, por el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa y portación ilegal de armas, sin embargo en el año 2014 el juicio finalizó por el delito de femicidio y portación ilegal de armas. Información obtenida por medio de auditoria social realizada por el CEM-H.
Situación de las Violencias en Honduras. Informe presentado por las organizaciones feministas a ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer sus causas y consecuencias en su visita a Honduras del 1 al 8 de julio del 2014. Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras. Sondeo sobre condiciones de trabajo en plantaciones de melón y camarón. 2013.

RECOMENDACIÓN: Tomar medidas urgentes para garantizar los mecanismos nacionales e internacionales efectivos de vigilancia sobre las condiciones de empleo y los derechos laborales, y ratificar el Convenio 189 y las recomendaciones 200 y 201 de la OIT.

XI. VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGTBI
Desde 2009 hasta 2014 se han ejecutado 168 crímenes de odio contra la comunidad LGTBI. De cada 5 personas LGTBI ejecutadas en Centroamérica, 3 son de Honduras. Existe una práctica policial
frecuente de amenazas, detenciones arbitrarias, acoso, abuso sexual, discriminación, tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes. Según el Ombudsman más del 92% de los crímenes de odioquedan impunes.

RECOMENDACIÓN: Impulsar investigaciones serias y efectivas para sancionar a los responsables de los crímenes de odio y tipificarlos como delitos, aprobar la Ley de Identidad de Género que se encuentra actualmente en proceso de consenso en el Congreso Nacional e implemente programas con el fin de garantizar la no discriminación a la comunidad LGTBI.
XII. PERSECUCIÓN, CRIMINALIZACIÓN E INTIMIDACIÓN A DEFENSORAS(ES) DE DDHH.
La aprobación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia se encuentra estancada en el Congreso Nacional, de cuya versión preocupa la falta de distinción entre medidas preventivas y reactivas, y un desarrollo mínimo de medidas preventivas indispensables para la protección.

RECOMENDACIÓN: Aprobar la ley de protección de defensores (as) de DDHH previo diálogo transparente y consenso con los sujetos de protección, y en la que necesariamente se aborde la criminalización como una amenaza al ejercicio del derecho a defender los DDHH.

XIII. REFORMA A LA LEY ESPECIAL SOBRE VIH/SIDA.

Es necesario que la ley contemple una estrategia de reducción del estigma y la discriminación, y una política para la prevención del VIH en los lugares de trabajo, asegurando la recomendación 200 de la OIT. Esta ley carece de enfoque de derechos y deja por fuera la perspectiva de género en su abordaje integral.

RECOMENDACIÓN: Reformar la Ley Especial sobre VIH/SIDA incluyendo en la misma los aportes hechos desde las organizaciones de sociedad civil para que efectivamente sea un instrumento contra la discriminación y por el ejercicio pleno de derechos de las personas viviendo con VIH/SIDA.
Ver más información en: http://www.sentidog.com

XIV. FENÓMENO MIGRATORIO.
La desigualdad, la falta de oportunidades económicas, sociales y culturales, la pobreza, la inseguridad y la corrupción son algunas de las causas que provocan la migración forzada de personas. En el año 2013, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus Familiares.

RECOMENDACIÓN: Abordar los problemas subyacentes que causan la migración forzada, brindar respuestas regionales al fenómeno con el fin de crear políticas comunes centradas en la protección de los derechos humanos de la población migrante y promover urgentemente una política nacional para atender a las personas migrantes.

XV. SITUACIÓN Y DERECHOS DE LA NIÑEZ
De enero a diciembre del 2014 se contabilizan 1,031 casos de asesinatos y ejecuciones arbitrarias de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años; 21 casos más que en el 2013. un millón de ellos no asisten a la escuela y medio millón está siendo explotado laboralmente. Miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, entre los 5 y 23 años de edad, estarían siendo entrenados en cuarteles militares por las Fuerzas Armadas a través del programa “Guardianes de la Patria”
RECOMENDACIÓN: Que el Estado garantice procesos reales de consenso y acuerdos con sociedad civil organizada de niñez para impulsar un abordaje de protección integral.

XVI. INSTALACIÓN DE OFICINA DE LA OACDHNU.
Es factible que en abril de 2015 se instale en el país una oficina permanente de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

RECOMENDACIÓN: Garantizar que la oficina de la OACNUDH realice su trabajo de forma exhaustiva, objetiva, imparcial y en estrecha vinculación con los sectores de sociedad civil, potenciando sus capacidades a través de información oportuna y asistencia técnica, y buscando la aperturas de canales de comunicación y diálogo transparente con las diferentes instancias del Estado.


Documento elaborado por la PLATAFORMA EPU HONDURAS en la cual se articulan las siguientes organizaciones: ALTERNATIVAS Y OPORTUNIDADES – Asociación Danesa de Personas con Discapacidad ADD – Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas AMIR – Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica ANAFAE – Asociadas por lo Justo (JASS)-Centro de Educación y Prevención en Salud, Sexualidad y Sida CEPRES -CEHPRODEC – Centro de Estudio para la Democracia CESPAD – Coordinación de Instituciones Privadas por las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos COIPRODEN – Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares CPTRT – Espacio Regional de Occidente EROC -Federación de Tribus Indígenas de Honduras FETRIPH – FIAN HONDURAS – Foro Nacional para las Migraciones FONAMIH – Justicia, Paz e Integridad de la Creación JPIC FRANCISCANOS – Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán MUCA – Observatorio Permanente de Derechos Humanos de El Aguán – PBI Equipo Honduras – PEN HONDURAS – PROYECTO VIH RURAL -RED BALANCE – Red Centroamericana de Personas Viviendo con VIH REDCA+; y además la COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD Integrada por las siguientes organizaciones: Asociación LGTB Arcoíris de Honduras; Asociación de Jueces por la Democracia (AJD); Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH); Asociación Nacional de Personas viviendo con SIDA (ASONAPVSIDA); CARITAS – Diócesis de San Pedro Sula; Centro de Derechos de Mujeres (CDM); Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H); Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH); Colectivo Gemas; Colectivo Unidad Color Rosa; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH); Comité por la Libre Expresión C-Libre; Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral; Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor-occidental; Crisálidas de Villanueva; Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH); Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación/Radio Progreso (ERIC-RP); Feministas Universitarias; Frente Amplio del COPEMH; Foro de Mujeres por la Vida; Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH); Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ); Movimiento Diversidad en Resistencia (MDR); Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”; Red de Mujeres Jóvenes de Cortés; Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador”; Red de Participación de Organizaciones de Sociedad Civil Siguatepeque (RPOSC); Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras; Tribuna de Mujeres contra los Femicidios.


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